En América Latina se invertirán US$450 mil millones en infraestructura en los próximos cinco años, según la firma CG/LA, líder mundial en la identificación de proyectos de desarrollo. En el caso de Colombia, se calcula que los proyectos alcanzarán US$33.200 millones entre 2011 y 2015.
Si bien estas cifras son importantes en el desarrollo de la región, varios de los proyectos seguramente tendrán controversias legales, que muy posiblemente terminarán en tribunales de arbitramento, una alternativa de resolución de conflictos que cada vez es más frecuente para resolver las diferencias entre las partes en los contratos públicos y privados.
Según lo reveló el procurador Alejandro Ordóñez, con información de la Contaduría General de la Nación, las entidades y organismos del orden nacional y territorial alcanzaron durante 2007 los $1,2 billones por pago de conciliaciones y condenas derivadas de sentencias y laudos arbitrales.
Pero la desgracia de la Nación tiene una cara positiva para los tribunales de arbitramento adonde llegan los pleitos que no van a la justicia ordinaria. De acuerdo con Rafael Bernal, director del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, “Colombia es el país de América Latina donde más casos se resuelven por este mecanismo, luego vienen Perú, Chile y México. En la Cámara, el año pasado registramos 269 nuevos litigios, cuando en 2008 habían sido 214”. En la actualidad en el país hay cerca de 30 centros de arbitraje, donde participan de manera activa las cámaras de comercio.
Incluso, se ha vuelto común que en la mayoría de contratos internacionales de inversión o de ejecución de obras con empresas públicas o privadas se incluya una cláusula según la cual los litigios que se lleguen a presentar durante el desarrollo del contrato deberán ser resueltos a través de un tribunal de arbitramento nacional o internacional.
Frente a esta realidad, Conrado Truan, presidente de la Fundación Solventia, de España, que busca impulsar el crecimiento de los tribunales de arbitramento en los países de América Latina, manifiesta que se hace necesario formar a las personas que participan como árbitros y Colombia es un lugar donde el desarrollo de esta alternativa tiene buenas perspectivas, por su ubicación geográfica, seguridad jurídica y tradición. “Por ello, establecimos en Bogotá la Escuela de Arbitraje Internacional para Latinoamérica. La idea es que en aquellos conflictos internacionales, donde hay intereses de latinoamericanos, sea gente de este continente la que integre los tribunales de arbitramento porque conocen la región y el enfoque de las problemáticas”. Y como siguiente paso, existe el proyecto para que Bogotá se convierta en la sede de una corte de arbitraje para América Latina y el Pacífico.
Ocurre que muchos de los grandes casos de arbitraje internacional que involucran a empresas de la región llegan a los grandes tribunales de arbitraje del mundo, como París, Nueva York o Londres. En el caso de la capital francesa, por ejemplo, el 14% de los casos son de esta región y la mayoría de los árbitros son norteamericanos o europeos.
Truan dice que con la recuperación del comercio en el mundo y de los grandes proyectos de infraestructura, el tema del arbitraje crecerá, en especial en áreas como comercio, petróleo y energía, telecomunicaciones y propiedad intelectual, y que cada vez más los conflictos requerirán que quienes juzguen sean personas expertas en los temas, en lugar de acudir a la justicia ordinaria donde los jueces no conocen a cabalidad las problemáticas.
¿Por qué el arbitramento?
Según el uruguayo Miguel Loinaz, experto en temas de arbitraje en América Latina, estos tribunales se están convirtiendo en “un mecanismo de resolución de controversias ágil y moderno que cada vez más se entiende como la privatización del derecho”. Las partes se pueden poner de acuerdo en los nombres de los tres árbitros que integran el tribunal, con la ventaja de que los tiempos son menores que en la justicia ordinaria, donde se pueden demorar hasta 15 años, cuando en un tribunal de arbitramento el tiempo puede ser de un año y medio, razón por la cual puede resultar menos costoso.
En relación con las tarifas, hay una escala fijada por el Gobierno que depende de la cuantía del litigio: entre $6 millones y $100 millones, el 13%; entre $300 millones y $500 millones, el 8%; entre $500 millones y $1.000 millones, el 7%, y mayores de $1.000 millones, el 6%. A cada uno de los tres árbitros les corresponde el 25%, y el 25% restante es para gastos administrativos.
En los tribunales internacionales cada uno tiene sus propias tarifas o cobran de acuerdo con el número de horas de trabajo de los árbitros, dependiendo de la complejidad del litigio y de la experiencia y conocimientos de los árbitros escogidos.
Otras ventajas son que los árbitros designados son expertos en los temas, los laudos (fallos) tienen carácter de sentencia y no se pueden apelar. Además, se manejan unas normas universales que permiten homologar leyes de varios países.
Lo cierto es que con la globalización de los negocios, los tribunales de arbitramento serán cada vez más protagonistas en las grandes controversias que se generen en el mundo.
Los grandes casos del arbitraje en Colombia
Los tribunales de arbitramento se comenzaron a conocer en el país a raíz de grandes litigios como Guavio, Hidromiel, Dragacol, Termorío, Metro de Medellín e ICA, Telecom y sus contratos de riesgo compartido, que en la mayoría de los casos tuvieron laudos en contra de la Nación.
Uno de los casos más sonados fue el de Termorío, en el cual el laudo arbitral condenó a la Nación a pagar US$60,3 millones.
En el de la constructora mexicana ICA, contra la Alcaldía de Bogotá, la firma extranjera fue beneficiada con $24.200 millones, en un pleito por incumplimiento de contrato de repavimentación por parte del IDU.
En la actualidad, uno de los tribunales de arbitramento de mayor cuantía es el que conoce de las diferencias entre el concesionario Opaín, que adelanta las obras de remodelación del Aeropuerto Eldorado y la Aerocivil, que busca establecer si Opaín incumplió o no en la entrega de unas obras, que le podrían significar una multa de $45 millones por cada día de atraso.
